El sexto borrador de sentencia sobre el Estatut catalán ha vuelto a fracasar en el seno del Tribunal Constitucional antes de ser sometido a votación. Cualquier resolución que se emita en el futuro va a resultar insatisfactoria para un amplio segmento de la población, este episodio actualiza en todo su vigor el aforismo según el cual la justicia cuando llega tarde no es tal.
Además, la inusual demora ha estimulado negativas interpretaciones en torno al cometido del alto tribunal, al que se atribuyen presiones y condicionamientos políticos como explicación de la incapacidad exhibida para emitir una resolución competente.
Y algo hay de eso, la estructura política del Estado aparece al fondo del articulado del texto y, aunque aparentemente sólo se dictamine la constitucionalidad del mismo, la repercusión alcanza el ámbito institucional.
El tiempo transcurrido denota que la elaboración de la sentencia ni es tarea fácil ni ha podido sustraerse a ese entorno, aunque la dignidad, la responsabilidad y sobre todo el carácter profesional del Tribunal han de prevalecer sobre el resto de aspectos. Más que incompetencia y la llamada a la renovación del órgano, ha de apelarse, pese a todo, a la diligencia y al respeto al estado de Derecho.
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