El ultimátum del grupo minoritario del equipo de gobierno municipal de Sant Lluís supone de facto la ruptura de una estabilidad difícil desde el comienzo mismo del mandato. Un acuerdo que hurta al alcalde las funciones más importantes del Ayuntamiento al privarle explícitamente de gobernación y urbanismo está condenado a estallar por cuanto demuestra una flagrante falta de confianza en su gestión.
Por si fuera poco, los antecedentes en las relaciones entre ambos partidos en el seno de la Corporación aventuraban un entendimiento imposible que sólo se justifica en la necesidad y en el contexto de colaboración en el resto de instituciones de la Isla y la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, el fondo de la cuestión apunta al territorio y a episodios concretos dentro de un marco general de recelo sobre la gestión realizada por Llorenç Carretero, quien ha tenido precisamente en el PSM su principal azote. Esos vientos han originado la tempestad actual, avivada por intereses empresariales y el comienzo de tiempos preelectorales proclives a la agitación y al distanciamiento entre los socios de gobierno. El silencio del alcalde y las dudas de su partido no parecen tampoco los mejores aliados para recomponer el pacto.
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