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No hay que ser ningún experto como para darse cuenta de que si a una nueva Ley, le salen tal cantidad de "enmiendas" o lo que sería lo mismo, de "problemas", cabe parar inmediatamente para ofrecer una reflexión a todos los agentes implicados, pero sobre todo, buscando el bien común de todos y no sólo de algunos, pero sobre todo contando con los habitantes, ciudadanos que al final son los que harán frente a los pagos de esos transportes, de esas mercancías, además de ser sufridores pasivos, del mal servicio que todo ello conllevará.

De entrada no me sirve, que PP y PSOE, se pongan de acuerdo para con esta Ley, teniendo en cuenta que llevamos años y años, de mala política en transportes y puertos se lleva el premio.

Y además, hacer llegar el mensaje, como he visto en el "Menorca", de que sólo un partido político menorquín, está defendiendo este peligro, cuando además este partido depende de sus "socios catalanes" quienes aplicaron algo parecido en la red de autopistas, con privatización de la infraestructura, pero sin arriesgar ni un duro y siguen sin devolver la inversión al Estado, no creo que sea lo más conveniente, o al menos no sin saber qué están haciendo otros grupos políticos al respecto.

Teniendo en cuenta además, como sabrán ustedes, que la mayoría de los partidos políticos localistas difícilmente consiguen ser escuchados en foros de ámbito nacional, por muchos socios capitalistas que tengan.
Otro de los temas preocupantes para el ciudadano debe ser, la comprobación de cómo otro mensaje que se nos ofrece es la privatización de lo público como única solución. Cuidado con esto, donde puede derivar (como de costumbre) en concursos "apañaos".

Cuando hablamos de territorios insulares, donde los puertos y aeropuertos son la única vía posible para el transporte de pasajeros y mercancías, el Gobierno, en lugar de ofrecer las mismas oportunidades a ese ciudadano insular que tiene el ciudadano de cualquier otro territorio, donde ese transporte puede efectuarse por cuenta propia, o bien con gran cantidad de empresas privadas y/o públicas capaces de realizar ese trabajo, el Gobierno, opta por fiscalizar, por gravar, por "estrujar", ese condicionante para, a costa de nosotros los ciudadanos insulares, hacer más y más negocio.

Si por una parte el Estado "premia" a sus Funcionarios con "mayor" partida económica para paliar el sobrecoste que conlleva vivir en estos territorio, para que se "igualen" con sus compañeros en territorio Peninsular, ¿a qué se debe que tengamos que pagar el pato los demás?. ¿Por qué un señor de Madrid, funcionario, tiene que cobrar más por el mismo trabajo si vive en Menorca, que si vive en Toledo?.

Esa es la prueba de que el propio Gobierno es el creador de ciudadanos de primera, de segunda, etc. Si realmente atiende a razones considerando que hay un sobrecoste al vivir en una Isla, lo más razonable sería premiar ese territorio con todo tipo de incentivos para que vivir en él no suponga un coste adicional, sino simplemente una decisión particular.

El sentido común nos dice, que lo más inteligente habría sido crear nuevas clasificaciones de puertos: Continentales, insulares. Con condiciones fiscales distintas compensando así sus diferencias para la correspondiente financiación, y más teniendo en cuenta su "tendencia" a la "autofinanciación", y la deuda "astronómica" que arrastran.

Si se sigue exprimiendo a los habitantes insulares de tal forma, llegará un momento en que realmente conseguiremos solares vacíos, en lugar de territorios prósperos y con futuro para sus ocupantes, ciudadanos, habitantes, quienes de esa forma, sí pagarían sus impuestos, sí crearían puestos de trabajo sus empresas, sí serían territorios atractivos para los turistas, lo contrario, que viene siendo y por lo que se "otea" será el futuro inmediato, sólo será otro paso más, otro incentivo más hacia ese solar vacío.

Si no somos capaces de gestionar y exigir una política de transporte válida para Menorca, no cabe hacer "políticas" de nada, ya que todo depende de ello.

Y eso va a ser que sí.