Imputar no presupone culpa ni condena

Ayer, Marc Pons y Joana Barceló pasaron un mal trago. A nadie le gusta visitar el Juzgado y menos si es por una querella criminal. El titular periodístico a secas sobre su declaración como imputados por sendos presuntos delitos de prevaricación sería injusto e incompleto, sin ser falso. El presidente del Consell y la ex presidenta de la institución han declarado como imputados como consecuencia de una querella presentada por un empresario, Valeriano Allés, que lucha desesperadamente por recuperar una cantera de la que fue expulsado por decisión judicial en un proceso que no tiene nada que ver con este. Está en su derecho. Las dos autoridades han sido imputados como consecuencia de sus responsabilidades políticas, en una decisión administrativa basada en informes técnicos. Demostrar que aprobaron la denegación de una licencia a sabiendas de que cometían una injusticia será la cuestión central en este juicio. Pero ni Pons, ni Barceló están acusados de llevarse dinero de la caja, como lo están la gran mayoría de políticos acusados de corrupción. Tampoco sería justo colgar a todos las mismas etiquetas. No es justa la expresión popular de que todos los políticos son iguales. Todos son distintos en responsabilidades, también ante la Justicia.