Editorial26/07/24 4:00
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El procedimiento de reintegro contable que el Tribunal de Cuentas tramita contra la exalcaldesa Joana Gomila, a la que reclama 66.000 euros, abre numerosos interrogantes y suscita muchas preguntas. En primer lugar, porque este expediente tiene su origen en los convenios suscritos en 2006 por el Ayuntamiento con el Penya Ciutadella Esportiva y el Club Hípic Ciutadella. Llama la atención que el máximo órgano de control y fiscalización de las cuentas públicas en España haya archivado las actuaciones contra el Ayuntamiento y, en cambio, mantenga viva la reclamación  contra la hoy diputada de Més per Menorca en el Parlament.

Cabe preguntar si los sucesivos responsables de los departamentos municipales de Intervención, Depositaría y Secretaría efectuaron, en su momento o posteriormente, algún reparo o advertencia de legalidad por las irregularidades que son objeto de acción sancionadora. Afirma el nuevo alcalde, Llorenç Ferrer, que Joana Gomila no ha de pagar nada, mientras que la exalcaldesa Joana Mari Pons Torres, que hoy encabeza la oposición, declara que Gomila no asumió sus responsabilidades. Es preciso llegar al fondo de esta cuestión y dar explicaciones.