Los españoles destinaron el año pasado el 40,2 por cien de su salario bruto a pagar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, un porcentaje que contrasta con la media del 34,8 por cien para el conjunto de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Estos datos también destacan que, mientras la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en 0,13 puntos respecto a 2022 en el conjunto de la OCDE, en España este aumento fue de 0,62 puntos porcentuales.
Al mismo tiempo, la Fundación Juan de Mariana acaba de hacer públicos los datos sobre la carga fiscal que soportan los trabajadores en España con esta conclusión: el 44 por cien del sueldo del salario medio o de la renta media va destinado a Hacienda por los costes laborales, el IRPF y el IVA, a los que hay que sumar el IBI, en concepto de impuesto sobre la vivienda en propiedad. Es preciso revisar los 69 aumentos tributarios que han aprobado los gobiernos del PSOE, Podemos y Sumar. Quienes soportan esta presión fiscal son las familias y los trabajadores a través de las cotizaciones sociales y el IRPF. Todo ello en un escenario de inflación que reduce los ingresos y el ahorro. Mejores servicios públicos no han de implicar más impuestos, sino mejor gestión, más eficacia y más racionalización.
