La Asociación Española de Fabricantes de Bisutería, Sebime y las empresas que integran la junta de compensación de la primera y segunda fase del Polígono Industrial de Maó, Poima son titulares del recinto ferial de Maó. A diferencia del Ayuntamiento -que pertenece a la junta de compensación- ni el Govern ni el Consell forman parte de la propiedad de estas instalaciones.
Desde hace años se hallan en un limbo legal que afecta a su gestión y mantenimiento que se debe clarificar. La decisión del Govern, a través del Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) constituye un toque de atención para clarificar las competencias y responsabilidades de la propiedad del recinto, que afecta al Ayuntamiento mahonés. Más allá de los reproches del alcalde Héctor Pons, que nada resuelven, lo inteligente y acertado consiste en hallar la fórmula para concretar la gestión y la conservación de este edificio. Una vez más se evidencia que el patrimonio y las instalaciones públicas -cabe pensar ahora en el Aeroclub de Mahón, el Lazareto y el antiguo edificio de Correos de Maó- necesitan un presupuesto anual para evitar su deterioro, asignar un uso y obtener rendimiento para Menorca.
