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Tras la investidura de Pedro Sánchez y la toma de posesión del nuevo Gobierno empezará la ronda de reuniones de los presidentes autonómicos. Arranca, para Balears, un nuevo periodo de cohabitación política al no existir coincidencia ente el presidente del Gobierno de España y la presidenta del Govern. Pero esta discrepancia entre Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Marga Prohens, presidenta del PP balear, no ha ser impedir la normalización de las relaciones entre los inquilinos de La Moncloa y el Consulat de Mar. Sánchez y Prohens se deben a sus responsabilidades institucionales y, en consecuencia, debe imperar la lealtad institucional con la voluntad de alcanzar acuerdos.

Balears arrastra asignaturas pendientes de gran calado con el Gobierno del Estado. El modelo de financiación autonómica, que perjudica al archipiélago, debe ser revisado, para que no seguir infrafinanciados. Queda por desarrollar el Régimen Especial aprobado en febrero del 2019, con reglamentos que siguen pendientes. El REB prevé unos incentivos fiscales para Balears similares a los de Canarias. Pero, al imponernos la regla de minimis de la UE, la deducción para inversiones está topada con 200.000 euros por empresa durante tres años. Un techo que no se aplica a Canarias. El sentido común aconseja suprimir esta restricción para nuestras Islas.