El PSOE y Junts, la formación independentista de Carles Puigdemont, cerraron ayer el acuerdo sobre la amnistía a los secesionistas catalanes, que deja vía libre a la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. El pacto presenta luces y sombras. Tras ser anunciado, las cuatro asociaciones judiciales de España rechazaron las referencias al ‘lawfare’ o judicialización de la política.
El acuerdo alcanzado ayer -que garantiza la investidura aunque no necesariamente la legislatura- no será un camino de rosas. Puigdemont ya advirtió en este sentido que «a diferencia de la legislatura pasada, en la que Pedro Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día». Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación «sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución», mientras que el PSOE apostará por el desarrollo del Estatut de 2006.
La nueva etapa que se abre en el conflicto histórico catalán podría ser una oportunidad para intentar resolverlo, pero el Gobierno no puede ceder a chantajes e imposiciones. De hecho, una de las aspiraciones de los independentistas es la cesión del cien por cien de los impuestos estatales a Cataluña, lo que podría poner en peligro la solidaridad entre regiones, abriría nuevos conflictos y discrepancias.
