Editorial27/01/23 4:00
TW

Los médicos y enfermeras que contrate el Govern para el IB-Salut quedan eximidos de acreditar su conocimiento del catalán, lengua oficial, junto con el castellano en Balears. Esta medida, a la que podrán acogerse 9.000 profesionales sanitarios, motivada por la dificultad para cubrir el sistema sanitario público de las Islas, ha generado tensión entre Més per Mallorca, OCB y el STEI con el PSOE. El decreto aprobado en 2018, que establecía dos años para que los sanitarios acreditasen conocimientos mínimos de catalán, fue anulado por el Tribunal Supremo, no ha sido rectificado y ahora reaparece el problema.

Apelar a la buena voluntad, como pide la presidenta Armengol, transmite la sensación de que es una batalla que da por perdida. El posibilismo se impone y vulnera que cualquier ciudadano se pueda expresar en catalán ante un trabajador público, con independencia de su función. La falta de sanitarios motiva la exoneración del requisito de conocimiento de la lengua catalana a estos profesionales, cuya competencia lingüística pasa a ser un mérito, cuando es exigido al resto de funcionarios.

Compatibilizar y garantizar la atención sanitaria con los derechos lingüísticos es el complicado equilibrio que debe resolver el Govern. Es cuestión de aplicar las herramientas jurídicas correctas para que no haya ‘paraísos lingüísticos’ en Balears.