Editorial06/01/23 4:00
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La entrada en vigor en Canadá, durante dos años, de la prohibición de adquirir viviendas por parte de extranjeros, en concreto aquellas que no están destinadas a ser la vivienda habitual, ha sido el pretexto del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, para reactivar el debate sobre la aplicación de una medida similar en las Islas. El objetivo del Gobierno de Justin Trudeau y de Yllanes es similar: frenar el incremento de los precios en el sector inmobiliario. La presión que ejercen los inversores extranjeros en Balears se entiende como un factor determinante en el alza de las operaciones de compraventa.

La limitación que propone Yllanes y en la que quiere comprometer al Gobierno español supone romper el marco jurídico de la Unión Europea, condicionante que no tiene Canadá. El apoyo del Gobierno central es indispensable para el éxito de esta iniciativa, como la modificación de las condiciones de adhesión de España a la UE. Estamos ante un proceso complejo y largo. Activar una propuesta de estas características entraña riesgos para Balears, además de suscitar un vivo debate en la sociedad balear. En una economía abierta siempre pende la amenaza exterior, más en un caso como el de unas Islas con un territorio limitado y una enorme presión demográfica, factores determinantes desde hace décadas en nuestra Comunidad.