Exención del catalán a los profesionales de la sanidad pública de Balears

Del mismo modo que resulta difícil de justificar la no contratación de un médico o una enfermera por el desconocimiento del catalán, también resulta incomprensible que prolongue lo que es una clara lesión de los derechos lingüísticos de los pacientes. Por respeto a la ciudadanía, el Govern debe afanarse en resolver este conflicto social. Hace un año que el Tribunal Supremo ya advirtió de que la ‘normalización lingüística' de los médicos y enfermeras debía canalizarse mediante una ley y no un decreto, vía sobre la que no se ha avanzado, con las necesidades que ya se desbordan el sistema sanitario público. Se trata de respetar y aplicar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Balears.