El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas económicas para tratar de paliar el impacto de la inflación, en especial entre los colectivos más vulnerables. A la ya rebaja en el IVA de la factura eléctrica, que pasa del 10 al 5 por ciento, se añade un bono de 200 euros a familias y autónomos con ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales; con alrededor de 2,7 millones de beneficiarios. Y con efecto a partir de enero del próximo año, se incrementará la tributación de las compañías eléctricas al tiempo que se prolongan las actuales subvenciones a los precios de los carburantes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de dar respuesta al creciente descontento social por la merma de capacidad adquisitiva de los consumidores y la caída de la competitividad empresarial. Las subidas de precios se están cebando en los productos básicos: alimentación, luz, gas y carburantes. Colectivos, como el de los transportistas, anuncian nuevas movilizaciones y protestas. Es preciso reclamar una estrategia que alcance la raíz del problema. Incrementar la tributación de las compañías eléctricas, por ejemplo, no supone una baja del precio que pagan los consumidores por el kilowatios. Hacen falta acciones de calado, muchas de las cuales requieren el compromiso de la UE, para poder embridar un problema –la inflación– que empobrece a las familias y las empresas.
