Una ley educativa que carece de consenso social y político

Los sindicatos educativos advierten reducciones que afectan a la autonomía de los centros, inversiones y el ratio de alumnos. Los acuerdos alcanzados por el Govern con los agentes sociales no se han plasmado, lo que se perfila como fuente de conflictos en un colectivo tan concienciado como el docente.

El descontento también alcanza al PP, llamado a ser alternativa en el Govern, que denuncia la ruptura del acuerdo en la cuestión lingüística. Las presiones de los socios ecosoberanistas del Govern, Més, han desbaratado el pacto para incluir el castellano como opción de lengua vehicular en los centros educativos, respetando el decreto de mínimos. La redacción final de la ley abre la puerta a un indeseable recurso de inconstitucionalidad, cuyo incierto resultado mantiene viva la pugna sobre el modelo linguístico en la enseñanza.