El auto dictado por Martina Mora, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, al levantar parcialmente el secreto de sumario sobre las diligencias del caso Autoritat Portuària, califica de «decisión arbitraria» la adjudicación de los amarres del Moll de Ponent del puerto de Maó a Marina Asmen SL.
Afirma que «no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas» y concluye que fue la «consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación Asmen para que el concurso se adjudicara, en todo caso, a favor de empresas de Menorca tras negociar meses con dicha asociación».
Pero mientras la juez identifica a seis altos cargos de Autoritat Portuària y a seis empresarios menorquines, no aporta ningún dato sobre quiénes son las «autoridades políticas de Menorca» que intervinieron en el procedimiento y con las que se cerró el acuerdo de adjudicación.
Hay partes de estas diligencias que siguen bajo secreto de sumario, pero es preciso aclarar, identificar y explicar quiénes, desde las instituciones, consumaron un acuerdo que se investiga como prevaricación administrativa.
