El aumento del 13,6 por ciento de las denuncias contra los okupas en Balears, solo durante el último ejercicio, da cuenta de la gravedad de un problema que genera una importante alarma social. Los datos estadísticos solo dan cuenta de los 324 casos denunciados por particulares, pero se ignora cuántos deberían corresponder a usurpaciones en inmuebles cuya titularidad pertenece a entidades financieras u organismos públicos.
No estamos, pues, ante una cuestión menor porque los intentos para neutralizar el fenómeno apenas surten efecto. Una legislación laxa en la materia permite la proliferación de organizaciones que facilitan la entrada en inmuebles a terceros o, en otros casos, para presionar a la propiedad y forzar la entrega de dinero a cambio de la salida. La vía penal agiliza determinadas intervenciones, pero el clima de inseguridad jurídica sobre esta cuestión no cesa. Esta es buena parte de la raíz del conflicto.
El acceso a una vivienda digna y a un precio asequible es una de las principales preocupaciones sociales en España y de las que, por desgracia, Balears no es una excepción. Sorprende que determinados colectivos y partidos trasladen la responsabilidad para suplir esta carencia a los propietarios. Las soluciones a la falta de vivienda pasan por gestionar de manera adecuada los recursos públicos. Mientras, el problema seguirá siendo considerado una amenaza por un sector de la ciudadanía.
