El severo impacto social de la pandemia en Balears ha aumentado la cifra de personas en situación de pobreza, pero sólo la mitad de esta población percibe el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Garantizada.
Unos 320.000 residentes en las Islas sufren precariedad y no pueden atender sus necesidades vitales. De ellos, unos 34.000 padecen pobreza severa, una cifra que prácticamente se ha duplicado respecto al año pasado por el coronavirus.
La situación empeorará durante el invierno por la falta de recursos para dar cobertura a todas estas personas y porque tanto las administraciones como las entidades sociales están desbordadas por el incesante aumento de nuevos peticionarios. Hasta que no se garantice la eficacia de la vacuna y arranque la recuperación económica habrá que seguir aportando ayudas, lo que exige un gran esfuerzo público y también la implicación de asociaciones como Caritas y Creu Roja para garantizar unos mínimos vitales.
Es preciso evitar los reiterados retrasos en el pago del Ingreso Mínimo Vital, una prestación insuficiente, que obliga a ciudadanos y familias en situación de pobreza a acudir a las entidades sociales, cada semana con más demandas.
