La declaración institucional que realizó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el prólogo de un severo endurecimiento de las medidas de contención de la covid-19 y que pasan por una nueva declaración del estado de alarma. El número de comunidades autónomas que lo reclaman no deja de aumentar, al igual que las peticiones de aplicaciones de un toque de queda. La tasa de contagio del virus está desbocada.
El presidente aludió a las cifras del Instituto Carlos III, que triplican las oficiales del Ministerio de Sanidad. El objetivo no puede ser otro que transmitir a los ciudadanos la realidad de una situación que no admite maquillajes, la segunda ola crece de manera casi exponencial en todo el territorio y, como bien se advierte, lo peor está todavía por llegar. La unidad política y social son las armas que propone Sánchez para afrontar este escenario tan adverso.
El estado de alarma se plantea como el instrumento jurídico necesario para actuar con contundencia ante la proliferación de comportamiento irresponsables, que no sólo se circunscriben a los más jóvenes. La sociedad española se niega a asumir la gravedad de las consecuencias que tiene la covid-19.
