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Las anunciadas condiciones para el desconfinamiento parcial de la población infantil generó ayer un aluvión de críticas al Gobierno, tanto desde distintos grupos políticos –de la oposición y de la propia izquierda– como de los pediatras. La fórmula que se pretendía aplicar a partir del lunes, que anoche se reconsideraba por parte de los expertos, es, a todas luces, un sinsentido. Facilitar el accceso a menores de 12 años a los supermercados, farmacias, bancos y estancos supone consentir una convivencia –temporal– con adultos; un riesgo muy superior al del simple paseo por las inmediaciones del domicilio.

Son muchas las voces que se preguntan cómo y quién asesora al Gobierno. Con una de las tasas de incidencia de la covid-19 más altas de todo el mundo, la prevención y cautela del Gobierno son actitudes lógicas. Sin embargo, la prudencia no pueder ser nunca un pretexto para encubrir la inoperancia. La gestión de la pandemia en nuestro país evidencia algunos síntomas de una absoluta falta de criterio; la sensación de una improvisación continuada resulta ya agobiante para una sociedad a la que resulta cada vez más difícil asumir un confinamiento con tantas incertidumbres. Las decisiones contradictorias son una constante preocupante y ya inasumible; el de los menores es un episodio más.