Es, probablemente, el problema más acuciante de la sociedad balear, en especial entre los más jóvenes. El precio de la vivienda en Balears mantiene una escalada imparable, tanto en régimen de compraventa como de alquiler. El Govern prepara una batería de medidas entre las figura la opción de ofrecer, de manera gratuita, suelo público a los promotores con el compromiso de que los inmuebles revertirán a los 75 años; una propuesta innovadora que plantea numerosas incógnitas sobre su eficacia real sobre el mercado inmobiliario de las Islas.
La situación de la oferta inmobiliaria tiene algunas características propias que explican sus precios tan elevados: la escasez de suelo, la enorme demanda que genera la inversión extranjera y el alquiler vacacional. Frente a este escenario, la Administración –autonómica y municipal– apenas ha reaccionado y trata de cargar las responsabilidades sobre los propietarios, cuando todas sus iniciativas no cambiado la dinámica general. El impulso a las cooperativas ha caído en saco roto, como los pisos que debían ceder los grandes tenedores. Los promotores insisten en la necesidad rebajar los costes, como las tasas municipales y la disponibilidad de suelo suficiente para atender a la demanda, esencial para bajar la especulación. No puede rechazarse cualquier intento, pero la última iniciativa del Govern invita al escepticismo.
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