Los resultados electorales del 10-N no aportan, al menos de manera inmediata, una solución fácil al bloqueo político en España. Persiste la incertidumbre por la falta de mayorías claras. El socialista Pedro Sánchez deberá tejer muchas complicidades para que prospere su investidura.
Este complejo escenario, donde las elecciones han acentuado la fragmentación con un Congreso que acogerá más diputados de partidos territoriales, tiene repercusiones directas sobre Balears. Los presupuestos del Govern sufren el impacto de una parálisis institucional que se prolongará hasta el 2020.
No existe interlocución con unos ministros en funciones que no toman decisiones. Se retrasa sine die la nueva financiación autonómica, que con urgencia precisa Balears para obtener más ingresos, y también se demora la dotación, desarrollo y concreción de los aspectos fiscales del Régimen Especial de Balears (REB), que constituye una asignatura pendiente.
Armengol y su Govern, y Susana Mora y el gobierno del Consell deben exigir que se acabe la interinidad política que vive España desde abril, un plazo que empezó en junio de 2018, cuando Sánchez ganó la moción de censura contra Rajoy.
