Los grupos comprometidos con la defensa del medio ambiente en Balears han recibido con perplejidad la amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez de impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley balear de residuos. Sorprende que el Ejecutivo central se parapete en cuestiones técnicas para cuestionar este texto innovador y valiente, concretamente la tasa progresiva por la generación de residuos y el uso de bolsas de plástico.
El celo con el que se escrutan desde Madrid las leyes autonómicas provoca situaciones como la que afecta al Govern del Pacte, obligado ahora a negociar con el Gobierno un texto aprobado por el Parlament, cuya aplicación consideran necesaria ambas administraciones. Siempre y cuando la voluntad de protección medioambiental de la que hacen gala los políticos no sea un simple postureo. Se precisa mucha más voluntad política para alcanzar acuerdos.
La ley balear de residuos fue elogiada por expertos y las formaciones progresistas por actuar contra las agresiones al medio ambiente. No se comprende la denuncia del articulado efectuada por el Gobierno central. El compromiso proteccionista debería superar el corsé competencial y cerrar este conflicto.
