Editorial07/02/19 21:52
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La imperiosa necesidad de lograr una mayoría en el Congreso de los Diputados que le permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte una mesa de negociación con partidos políticos en la que intervenga un relator, una figura de papel confuso, cuya identidad aún se desconoce. Según la vicepresidenta Carmen Calvo, se persigue una «solución política» para el conflicto catalán, lo que ha soliviantado a la oposición. PP, Ciudadanos y Vox han convocado una manifestación de protesta para el próximo domingo.

Sánchez trata de evitar un escenario que le obligue a adelantar las elecciones, empeñó que le ha llevado a cometer un grave error al aceptar que el Ejecutivo catalán es un interlocutor válido para negociar los Presupuestos. Introducir la figura de un mediador supone dar por buena la bilateralidad entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana, lo que fortalece las posiciones de Quim Torra.

La airada reacción de la derecha tensa la situación política con el propósito de forzar una convocatoria adelantada de elecciones generales. Sánchez debe replantear su propuesta si no quiere añadir más crispación.