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La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, alude a la falta de recursos para justificar las demoras en la valoración médica de la discapacidad, que superan los seis meses. Santiago apunta la escasez de médicos y la ausencia de incentivos laborales para unos retrasos que afectan a miles de ciudadanos. El contraste con las promesas y el discurso del Govern del Pacte resulta evidente cuando en esta legislatura no se ha recuperado el terreno perdido en las prestaciones sociales tras las restricciones aplicadas por los gobiernos del PP.

Sería injusto atribuir en exclusiva la responsabilidad de esta falta de atención en un terreno tan sensible como es el de la discapacidad a los actuales responsables del Govern, porque también debe valorarse el impacto de la injusta financiación que arrastra y maltrata la autonomía balear. Pero los ciudadanos reclaman soluciones y decisiones. Las lamentaciones, por muy justificadas que estén, no ayudan a resolver el problema.

La Conselleria de Serveis Socials del Govern debe actuar para reducir estos inaceptables retrasos. Hay que agilizar los trámites que permiten obtener las ayudas públicas a la discapacidad. Hay que priorizar para evitar situaciones de desamparo.