El proyecto de ley de residuos remitido por el Govern al Parlament ha generado un alud de alegaciones en contra. Una buena parte del sector de alimentación y bebidas -con excepciones- carga contra este proyecto al considerar que vulnera normas estatales y europeas, básicamente las que se refieren a la unidad de mercado.
El rechazo central de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas va en este sentido, hecho que da cuenta de la importancia que se da a este ley, que, de aprobarse, será pionera en España. El Govern era consciente de que un proyecto de estas características provocaría controversia. Suprimir los productos plásticos, favorecer el reciclaje, introducir criterios ecológicos para los envase y acotar los elementos de un solo uso supone un cambio radical en un sector que trabaja con ajustados márgenes.
Las exigencias que se pretenden imponer en Balears constituyen un desajuste inasumible para las empresas, con un enorme impacto que parece no haber sido calculado. Detener la generación de residuos constituye un objetivo irrenunciable, pero es preciso que el tránsito hacia una nueva normativa se realice con las máximas garantías para todos los implicados.
