La zonificación del alquiler turístico en Menorca, aprobada el lunes en el pleno del Consell por PSOE, Més y Podemos no ha tenido en cuenta ni ha contestado las 21 alegaciones y propuestas presentadas por entidades, asociaciones, particulares y también instituciones. También han fracasado los ayuntamientos en el intento de flexibilizar una norma, la más restrictiva de Balears, que prohíbe taxativamente esta actividad en los núcleos urbanos, excepto Fornells, y todo el suelo rústico.
Ello provoca incoherencias como que se puede alquilar una 'caseta' en Es Murtar y Es Grau, pero, en cambio, está prohibida la comercialización de una vivienda unifamiliar con piscina en Cala Llonga. Los municipios de Ciutadella y Maó solicitaron sin éxito, que se autorizase el alquiler turístico de las viviendas unimiliares aisladas.
Todo lo fía y aplaza el Consell a la revisión del PTI, que según la presidenta Susana Mora, se llevará a cabo el próximo año, con una transitoriedad que no puede exceder los dos años.
Más allá de cuestiones de naturaleza técnica y jurídica, la decisión es política. En breve se sabrá si el gobierno tripartito ha acertado y si da respuesta a las demandas de Menorca.
