Los primeros compases de la Oficina Anticorrupción, creada por el Govern del Pacte, no están exentos de polémica, fruto de la improvisación derivada de la falta de un reglamento que el Parlament mantiene en la cartera de asuntos pendientes. Es lógico que el director de este organismo, Jaime Far -un alto funcionario del Estado de reconocida trayectoria profesional- pretenda reactivarlo.
La creación de esta oficina ha sido controvertida desde el principio al tratarse de una concesión del PSOE a sus socios del Pacte, Més y Podemos. Solo así se entiende la creación de una oficina que duplica las funciones de la Fiscalía Anticorrupción, cuyas competencias y medios legales son mucho más amplios y eficaces. Hasta ahora la Oficina Anticorrupción ha sido un brindis al sol, y mientras no se apruebe el reglamento que defina su marco de actuación y objetivos no pasará de ser un mero anuncio político. Esta oficina será útil en la medida de que sea capaz de advertir, corregir y neutralizar posibles desvíos en la recta gestión de los recursos públicos y la actuación de las instituciones. El Govern debería ser el primer interesado en garantizar su correcto y eficaz funcionamiento.
