Un millar de familias de Balears se ha beneficiado de los acuerdos institucionales en materia de asistencia social con Endesa para evitar cortes de luz por impago de facturas, un hecho que motivó el concepto de pobreza energética en los años más duros de la crisis económica. Hoy sigue habiendo familias y personas que requieren de ayudas para disponer de luz y calor. En este sentido la solidaridad resulta esencial.
Las instituciones y varias organizaciones, como Caritas Diocesana, trabajan para atender a quienes no disponen de recursos para contar con suministro eléctrico, indispensable para garantizar unos mínimos niveles de vida. Las cifras de parados de larga duración y las pensiones no contributivas dan una idea del gran número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ellos la pobreza energética es más que un riesgo, constituye una amenaza real. Balears debe mantener y seguir aplicando los acuerdos suscritos con la compañía eléctrica para garantizar que ningún ciudadano quede sin los recursos necesarios para llevar una vida digna. Esta actuación no aportará réditos electorales, pero constituye motivo de satisfacción y trabajo bien hecho.
