Cuando el Ministerio de Hacienda anuncia que a partir del próximo mes de julio obligará a las plataformas de alquiler de viviendas turísticas a informar sobre los propietarios y clientes, en Menorca aún no se han sido definidas las zonas donde se autorizará esta actividad. Y en Mallorca se plantea permitir el alquiler turístico en suelo rústico protegido cuando se trate de edificios antiguos que en Menorca son las «cases de lloc».
La normativa autonómica deja esta potestad en manos de los consells, a quienes corresponde adoptar la decisión para cada isla. Hay que valorar si el alquiler vacacional, entendido como oferta de calidad, es beneficioso para los valores medioambientales y paisajísticos. En este caso facilitará el mantenimiento de las fincas y acometer inversiones que, en otras circunstancias, no serían factibles. También se podrá acceder a unos visitantes que ayuden a romper con la estacionalidad, que valoren Menorca más allá de la oferta de sol y playa. Prohibir por prohibir incentiva la economía sumergida. Los poderes públicos constatan que el alquiler turístico es un fenómeno imparable. La realidad va por delante de las planificaciones, que no se pueden demorar.
