La Sindicatura de Comptes de Balears -al frente de la que hay el menorquín Joan Rosselló- ha empezado a vigilar los complementos de distinta naturaleza y condición que cobran los funcionarios autonómicos. Este hecho pone de manifiesto los aspectos de alegalidad con que funciona el autogobierno en el archipiélago después de más de treinta años de trayectoria.
La crisis económica motivó recortes y el rechazo ciudadano al derroche en la gestión de los recursos públicos. Han pasado los tiempos del endeudamiento desmedido y gastos sin plena justificación. Las administraciones deben ser transparentes y rigurosas en el manejo del dinero que ingresan a través de los impuestos. El mayor control debe producirse en las retribuciones, tanto en los sueldos como en los complementos y los pluses, para eliminar los 'pactos privados' que ya ha detectado la Sindicatura. Hay que acabar con estas nebulosas y ofrecer una información clara sobre los sueldos que se pagan en todos los niveles y departamentos del Govern, Consell insular y los ocho ayuntamientos de Menorca, incluyendo carreras profesionales, antigüedades y otros conceptos. El ciudadano tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero.
