Editorial17/11/17 23:54
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La directora general de Turismo del Govern balear, Pilar Carbonell, presentó dimitió ayer al haber sido citada en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Los indicios se basan en varias conversaciones telefónicas con un directivo del Grupo Cursach, que insta a Carbonell a tramitar un informe con urgencia, petición que fue atendida. No han aparecido indicios de contraprestación económica o que la documentación solicitada vulnerase alguna normativa. Corresponde a los jueces determinar si hubo delito.

No es la primera responsable política que debe abandonar el cargo por su implicación en un procedimiento judicial, lo que implica vulnerar la presunción de inocencia. Los casos de corrupción han promovido una nueva conciencia social que debería ser dimensionada de forma justa. Existen precedentes de políticos cuya imputación o investigación judicial ha quedado sobreseida pero no les ha librado de dejar sus funciones institucionales. Devolver la confianza de los ciudadanos en sus políticos constituye una ardua tarea didáctica, con códigos éticos que suscitan situaciones de manifiesta indefensión personal.