Criterios y valoraciones que excluyen a las entidades sociales

La historia se repite, porque es el tercer caso en que las entidades sociales menorquinas se ven perjudicadas por decisiones similares aprobadas por el Govern del Pacte o el Consell. Nos referimos a la adjudicación a una empresa ibicenca de la concesión del servicio de transporte escolar adaptado, que había gestionado la Cruz Roja menorquina para los alumnos con problemas de movilidad. La mercantil pitiusa obtuvo mejor puntuación que la Fundació per persones amb Discapacitat de Menorca. Antes, Cruz Roja de Menorca ya perdió, por otra adjudicación que primó el aspecto económico, la vigilancia de las playas. Tanto el Consell como el «Govern de las personas», como se califica, deben reconsiderar estas decisiones y aplicar criterios sociales y solidarios.