El Consell acaba de excluir a las protectoras de animales del nuevo contrato para adjudicar el servicio de acogida. Las bases aprobadas por PSOE, Més y Podemos priman la valoración económica y exigen acreditar una facturación anual mínima de 240.000 euros, una cantidad que, en la práctica, excluye a las protectoras, entidades sin ánimo de lucro que subsisten gracias al esfuerzo de los voluntarios y a las donaciones.
La historia se repite, porque es el tercer caso en que las entidades sociales menorquinas se ven perjudicadas por decisiones similares aprobadas por el Govern del Pacte o el Consell. Nos referimos a la adjudicación a una empresa ibicenca de la concesión del servicio de transporte escolar adaptado, que había gestionado la Cruz Roja menorquina para los alumnos con problemas de movilidad. La mercantil pitiusa obtuvo mejor puntuación que la Fundació per persones amb Discapacitat de Menorca. Antes, Cruz Roja de Menorca ya perdió, por otra adjudicación que primó el aspecto económico, la vigilancia de las playas. Tanto el Consell como el «Govern de las personas», como se califica, deben reconsiderar estas decisiones y aplicar criterios sociales y solidarios.
