La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, paralizó ayer la cesión de espacios municipales para que sean utilizados como colegios electorales el 1 de octubre. Seis de los diez municipios más poblados de Catalunya no cederán locales a a la Generalitat. Son las primeras reacciones tras la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional.
La respuesta del Gobierno Rajoy, con una doble ofensiva judicial -activar el Constitucional y querellas desde la Fiscalía- pone de manifiesto el plan del Estado para impedir la celebración de una consulta que está fuera del marco jurídico. Montoro apercibió a la Generalitat para que justifique cómo paga la página web del referéndum. Pero Puigdemont insistió ayer que «seguirá hasta el final» en una actitud donde el desafío y la desobediencia no admiten matices.
Se ha producido el choque de trenes después de unos caóticos plenos del Parlament catalán que ha aprobado, con precipitación, unas leyes que vulneran el Estado de derecho. Para desencallar el pulso entre Rajoy y Puigdemont se precisan nuevas perspectivas y criterios novedosos que permitan resolver un conflicto cuyo origen hallamos en la desnaturalización de la reforma del Estatut de Catalunya.
