El lunes se cierra el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que debe regular el alquiler vacacional en Balears, un texto polémico, tanto por la cuestión que aborda como por las disposiciones que contiene. Numerosos apartados comisionan con el actual marco jurídico y el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma.
La normativa pretende ampliar a todas las islas un máximo de sesenta días al año -tal como propuso el teniente de Urbanismo de Palma, Antoni Noguera (Més)- el plazo para el alquiler turístico de la vivienda habitual, una duración sobre la que no conoce ningún argumento que la justifique.
Nadie cuestiona la complejidad del alquiler vacacional en un mercado inmobiliario desequilibrado ni la desconfianza generada por la falta de garantías frente a situaciones de impago o destrozo de las propiedad. Esta actividad precisa una regulación eficaz que garantice la calidad e impida competencias desleales y fraudes fiscales. También ha que recuperar la idea original de aportar rentas complementarias a las familias en lugar de propiciar la especulación inmobiliaria. Pero las soluciones acertadas no están en el ámbito de la utopía política.
