La propuesta de la 'vivienda desocupada', que el conseller Marc Pons quiere incluir en la futura Ley de la Vivienda, es una medida que deriva y responsabiliza a los ayuntamientos su gestión. La imprecisión de esta idea, que, de aprobarse, afectaría a inmuebles vacíos más de seis meses, confirma que frente al problema de la escasez de viviendas digna a precio asequible, el tercer Govern del Pacte presenta fómulas sin efectos prácticos y de dudosa legalidad.
Lo grave de esta cuestión, que origina debate y conflicto social, es la exigencia y la urgencia de aportar soluciones. Pretender que los funcionarios dispongan de tiempo y medios para controlar las inmuebles sin ocupar en Balears es una quimera. El Govern pretende que los propietarios solucionen la falta de vivienda, cuando la gestión del parque público es muy mejorable y, por supuesto, la inversión para construir vivienda social, debería ser prioritaria. Los planteamientos incautatorios de este proyecto son incorrectos, como forzar el alquiler de un inmueble en contra de la voluntad de sus propietarios. El marco jurídico debe ser respetado en lugar de plantear 'brindis al sol' para contentar a los socios del Pacte.
