La aprobación ayer, por el Gobierno Rajoy, del decreto ley que liberalizará de forma paulatina la contratación de estibadores en los puertos convierte en mucho más real el riesgo de una huelga de nueve días, entre el 6 y el 24 de marzo. Unos paros que pueden provocar perjudiciales efectos para una isla como Menorca, cuyo abastecimiento depende en gran medida del tráfico portuario.
El Gobierno actúa tras advertir la Unión Europea que impondrá elevadas sanciones a España si persiste la actual situación de monopolio. Los privilegios de los estibadores portuarios proceden del franquismo, una situación incompatible con la integración del España en Europa. Un problema que debería haberse abordado y resuelto hace años, hasta que las sentencias comunitarias obligan a aplicar decisiones que no pueden ser aplazadas. Los estibadores intentan mantener sus beneficiosas posiciones, pero las reglas de juego laborales deben ser iguales para todos.
Lo inteligente es tramitar el decreto en el Parlamento para obtener las mejores condiciones en el marco liberalizador. Si los estibadores se empecinan en los paros salvajes obtendrán efectos contraproducentes.
