El anteproyecto de ley que ha redactado el Govern para regular el alquiler turístico vacacional refleja la complejidad que supone la ordenación de una actividad en pleno funcionamiento, en parte sumergida, que afecta a miles de propietarios. El Ejecutivo traslada las decisiones finales a los ayuntamientos y los consells, incluso a las comunidades de vecinos.
La normativa, que abrirá un amplio debate, pretende poner orden al alquiler de fincas rústicas por semanas con el propósito de acabar con el negocio irregular, pero no acaba de prohibirla totalmente y da alas a ayuntamientos y consells para que incrementen las áreas de máxima protección. Pero hay que asumir la realidad y obligar a los arrendadores a optar por la legalización.
El anteproyecto deja relevantes aspectos abiertos al dejar en manos de los ayuntamientos la delimitación de las zonas urbanas donde se podrá alquilar por semanas y en cuales no. Una patata demasiado caliente y difícilmente asumible por los alcaldes. En los bloques de pisos serán los vecinos quienes decidan. El lío está servido, escalera por escalera. Nada será sencillo con esta ley, ni cobrar impuestos a quienes alquilan.
