El pleno del Parlament marcó en febrero pasado, con el apoyo de los partidos del Govern, un plazo de tres meses para aprobar un marco legal que regule el alquiler turístico. Ocho meses después, la Conselleria de Turismo, que dirige el vicepresidente Biel Barceló, de Més per Mallorca, aún no ha presentado esta regulación, que es uno de los principales compromisos políticos para la actual legislatura.
Las viviendas vacacionales generan rentas complementarias para numerosas familias de las Islas, pero también provocan una problemática social y económica que es preciso abordar y resolver con urgencia. Ante el anuncio de un cupo máximo, la Conselleria está recibiendo una avalancha de peticiones de casas vacacionales que se adecuan a la normativa vigente para ser inscritas en el registro.
Este hecho evidencia la voluntad de los propietarios de llevar a cabo su actividad dentro de la legalidad. El Govern ya no puede demorar más la regulación ordenación del alquiler turístico. Constituye un error pretender demonizarlo de forma genérica como pretenden determinados colectivos. Una asignatura pendiente que debe tener en cuenta las prescripciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
