La designación de un Síndic de Greuges constituye un de las asignaturas pendientes para completar la arquitectura institucional de Balears en defensa de los derechos de los ciudadanos y un mayor control de la administración autonómica. Desde 1993 -ya han transcurrido 23 años- no ha sido posible obtener en el Parlament el consenso necesario para hallar la personas que ponga en marcha este organismo. Este desacuerdo evidencia el desinterés y la falta de voluntad política.
Esta legislatura ha trascendido el nombre del juez Pedro Barceló como candidato con muchas opciones, por lo que se podría desbloquear el nombramiento de Síndic de Greuges en Balears. En Menorca el Consell ya se ha adelantado con la creación de la Comissió de Greuges -formada por Gràcia Seguí, José Barber y Emili de Balanzó- cuyo objetivo consiste en velar para que los derechos de los ciudadanos respecto a la administración insular sean reales y efectivos. En Balears, el ombudsman o Defensor del Pueblo debe ser el garante de los derechos ciudadanos y el cortafuegos de los abusos de la administración, pero hay que delimitar las funciones para evitar duplicidades innecesarias.
