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El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, se ha visto en la obligación de comprometerse a devolver el importe de los 32 viajes realizados a Canarias entre mayo de 2009 y noviembre de 2010, con cargo al Senado. En su primera intervención pública, negó haber hecho viajes privados pagados con dinero público, pero quedó en evidencia por la inconsistencia de sus argumentos.
Es cierto que senadores y diputados pueden desplazarse de forma gratuita por todo el país, sin estar obligados a dar explicaciones, pero resulta éticamente inaceptable cuando son viajes particulares o de partido. A pesar de este escándalo, Monago ha recibido el apoyo del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y ha visto confirmada su candidatura a la reelección como presidente autonómico. En cambio, en Aragón la presidenta regional ha forzado la dimisión del diputado por Teruel, Carlos Muñoz, que también realizó viajes particulares a Tenerife con cargo al Congreso. La distinta respuesta del mismo partido ante casos idénticos evidencia que priman los intereses electorales sobre los principios éticos. Es muy probable que Monago no haya cometido ninguna ilegalidad, pero su actitud es reprobable y le impide seguir desempeñando cargo público. Es necesario un cambio de talante para que el discurso de regeneración y transparencia adquiera credibilidad.
