La Fiscalía Anticorrupción, y a partir de los sólidos documentos aportados por el Consell de Menorca a través del penalista Fernando Mateas, se ha querellado contra los responsables de SITEME y Cesgarden a los que acusa de falsedad y estafa. Concretamente, de «maquinación fraudulenta» contra la institución insular que les permitió conseguir -a través de la simulación de la compraventa de unos terrenos en Son Bou- una indemnización de 28,8 millones de euros que debemos pagar todos los menorquines.
La investigación emprendida por la Fiscalía debe llegar hasta el fondo de esta cuestión, que constituye un mayúsculo escándalo jurídico-urbanístico, con un doble objetivo: paralizar el pago que hipoteca las cuentas del Consell de Menorca hasta diciembre de 2016, y, al mismo tiempo, depurar las responsabilidades. Errores en la estrategia de defensa, que impidieron admitir el recurso de casación, como advirtió el Tribunal Supremo; por qué no aportó el Consell al Tribunal Superior un peritaje alternativo con el objetivo de reducir la indemnización a pagar; y por qué no entró en el fondo de la cuestión en el fraude de la sustitución en la propiedad de los terrenos.
