Editorial08/04/14 0:00
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La aplicación del trilinguismo, que el Govern Bauzá considera irrenunciable para superar los altos índices de fracaso escolar e incrementar la capacidad de expresión de los estudiantes de las Islas, mantiene viva la pugna entre el Ejecutivo autonómico y una parte importante de la comunidad educativa. Los desacuerdos y las discrepancias, que se han venido produciendo desde el inicio de este curso escolar 2013-2014, han atrapado a ambas partes en un pulso que ayer registró dos nuevas actuaciones para presionar al Govern del PP con el objetivo de cambiar su política educativa.

Estas medidas de presión consisten en la propuesta de la Assemblea de Docents para conceder un aprobado general y la querella presentada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Menorca, en la que acusa al presidente José Ramón Bauzá, la consellera Joana Maria Camps y el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, de presunta prevaricación, desobediencia e impedir el ejercicio de derechos cívicos.

Es preciso hallar las fórmulas que permitan rebajar la tensión y lograr el acuerdo en torno a o sustancial: cómo modular la aplicación del trilinguismo.