Los nueve folios de que consta la denuncia registrada ante la Fiscalía por los cuatro concejales del PP -en la oposición- contra el alcalde y la primera teniente de alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll y Elena Baquero respectivamente, aluden a la existencia de posibles infracciones penales por irregularidades cometidas en «la concesión de licencias urbanísticas; la contratación de obra y la modificación de condiciones de contratación y lesión de derechos fundamentales de empleada pública».
La extensa documentación y las referencias legislativas aportadas con la denuncia, que ahora valora el Ministerio Público, cuestionan el cumplimiento de la ley en las decisiones y acuerdos del equipo de gobierno de Pere Moll. El primer edil, en lugar de mostrarse tan sorprendido y acusar a la oposición de «crispar el ambiente del pueblo», está obligado a aclarar cada uno de los hechos expuestos.
Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción -a la que fue remitida la denuncia por la Fiscalía de Menorca- debe actuar en defensa de la legalidad y pronunciarse con rapidez dada la naturaleza y gravedad de unos acuerdos que, de confirmarse, serían constitutivos de prevaricación y apropiación indebida.
