La tarde del miércoles pasado se celebró en Alaior el pleno municipal en que se acordaba la imposición de una «contribución especial» a los propietarios de las urbanizaciones de Calescoves y Son Vitamina. Días después solo los vecinos de Son Vitamina recibían la convocatoria a una reunión en la que se les informará de cómo se ejecutarán las obras para desarrollar la red de saneamiento de esta urbanización.
Parece que, tras esta decisión precipitada, hay una cierta presión por parte de los promotores. Y por supuesto, también están los intereses del propio ayuntamiento, que perdería los suculentos ingresos derivados de tasas y licencias de construcción.
En los últimos años se ha reparcelado la urbanización y se ha ejecutado una red de saneamiento en una nueva fase de la misma. Las primeras fases están prácticamente consolidadas y lo que queda por hacer tiene un promotor diferente que aparentemente no cumplió en su día con la obligación de adecuar las infraestructuras.
¿Es ético involucrar a los particulares en estos asuntos? Opino que una obra de interés público nunca debe ser financiada directamente por los ciudadanos. Si se hace así, se incurre inevitablemente en agravios comparativos. Es obvio que adecuar el suelo urbano es competencia exclusiva de los promotores urbanísticos, y en su defecto, la autoridad municipal que, por la razón que fuere, no pudo imponer en su momento los criterios de necesidad a dichos promotores.
Por las viviendas existentes ya se han pagado, durante muchos años, unos impuestos que podrían haber servido para gestionar las deficiencias. ¿No es justo que exista una compensación por las cargas impositivas?
Además, la obligatoriedad de pagar las «contribuciones especiales» debe ser equilibrada y en unos supuestos muy concretos; seria escandaloso que los ciudadanos tuvieran que pagar lo que correspondió a otros. Alguien tendría que revisar en qué condiciones la ley permite su aplicación.
Además, si todo se hubiera hecho en el momento oportuno y las obras se hubiesen ejecutado cuando la Comunidad Europea puso condiciones al desarrollo urbano, el presupuesto hubiera sido más bajo y la subvención casi habría sido suficiente para cubrir gran parte de los gastos.
Así las cosas, considero que, mientras no se aclare la situación jurídica, solo las zonas que ya disponen de red de saneamiento se han de conectar a la depuradora de Cala en Porter. Quizás se debería empezar invirtiendo la subvención europea en lo que se suele dejar para el final.
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