Estaban encrespados y agitados los ánimos, muy alborotados, cuando los propietarios de los terrenos para ampliar el polígono industrial de Ciutadella, hoy de servicios, decidieron constituirse en asociación.
Los impulsores de esta iniciativa son dos luchadores perseverantes en distintos sectores de la empresa menorquina: Sebastián Triay Fayas y Lluís Moll, capitanes de las naves Grupo Sagitario y Mascaró Morera, respectivamente. Moll ha sido elegido presidente de la asociación.
Al grano, ¿quién puede dar explicaciones convincentes a los 36 empresarios locales que adquirido parcelas en estos terrenos del Sector B-9 sobre los motivos de la demora que acumula la ampliación?
Un retraso que ya suma más de veinte años, con sucesivos cambios y relevos en el gobierno municipal de Ciutadella, mientras crece la demanda de suelo en el Poici, y los precios resultan inalcanzables para las pocas parcelas disponibles. ¿Es lógico que el Ayuntamiento favorezca la especulación al atrasar, dilatar y postergar una obra de infraestructura que es imprescindible para dar oxígeno a la economía local?
Nadie sabe, nadie contesta. Y, por supuesto, las responsabilidades se disuelven en un océano de preguntas sin respuesta, incertidumbres y el acostumbrado «vuelva usted mañana». Queda sin contestación el fracaso de las empresas que no han podido instalarse en el municipio de Poniente, por falta de suelo, o las que, estando radicadas en Ciutadella, no han tenido otra opción que marchar.
17 de marzo: día D
Continúan estando muy encrespados los ánimos de los 36 empresarios perjudicados, que, desde el hartazgo y el cansancio de tantas promesas incumplidas, han dado un ultimátum a la administración municipal. O sea, políticos y funcionarios.
Las obligaciones incumben a los dos. El gobierno municipal encabezado por el hoy alcalde Llorenç Ferrer, con Sandra Moll como concejal de Urbanismo, dispone de noventa días para cumplir el compromiso contraido con los afectados el 17 de diciembre en la reunión que acogió el hotel Sagitario. Ya han transcurrido doce días. El plazo concluye el 17 de marzo, festividad de San Patricio.
Es preciso cambiar el sistema de ejecución -de cooperación a compensación- para que sean los propios empresarios los que acometan las obras, asuman la adjudicación y la ejecución de este equipamiento. 400.000 metros cuadrados de superficie calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella que se transformará en 250.000 metros cuadrados útiles para acoger negocios de todos los sectores, incluidos comercios y edificios para servicios.
Y ya que hemos mencionado la bicha urbanística de Ciutadella, el Plan General, ¿qué se sabe de su inmemorial revisión? Otrosí pregunto: ¿verá terminado el alcalde Ferrer Monjo este interminable proceso de adaptación antes de cerrar su mandato?
La reclamación
Ya lo saben los 21 integrantes de la corporación local de Ciutadella, también los técnicos. Sobre la demora de la ampliación del suelo industrial planea la amenaza de una reclamación millonaria en concepto de los daños y perjuicios, también el lucro cesante, ocasionados por este retraso. En Menorca ya hemos vivido casos similares y hoy seguimos pagando.
Octubre de 2026
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ha fijado para el 15 de octubre de 2026.... sí, de 2026, la práctica de la prueba para determinar si la inclusión del tramo del Camí den Kane que discurre por el lloc de Binissuès en el catálogo municipal de caminos de Ferreries, que aprobó el Ayuntamiento, se ajusta a Derecho.
La propiedad alegó contra este acuerdo y, antes de abordar el fondo de la cuestión, o sea, la titularidad de este tramo, que es una cuestión jurídica de naturaleza civil, quiere primero que se resuelva, en sede judicial, la incorporación del tramo en este catálogo de Ferreries. El señalamiento de la práctica de esta prueba para octubre de 2026 acredita la demora que acumulan numerosos expedientes en los juzgados de Balears.
Con una especial incidencia y gran afectación en toda la jurisdicción Contencioso-Administrativa, para desesperación e irritación de los ciudadanos que deciden pleitear contra las administraciones. Ciudadanos sujetos pasivos que, con sus impuestos, pagan a los abogados y procuradores a quienes han encomendado la defensa de sus derechos y libertades, y, al mismo tiempo, abonan las minutas de los letrados que han sido contratados por los ayuntamientos, los consells, el Govern y las empresas públicas para argumentar los planteamientos de las instituciones.
También ha recibido la Fundación Hospital de la Isla del Rey el señalamiento para el 2026 en el Juzgado Contencioso-Administrativo de Palma. Luis Alejandre, hombre sabio por prudente, pide contención.
Las preguntas de la semana
