Menorca no se merece un segundo Cesgarden

Una sentencia de 2011 consideró vulnerados, tras la entrada en vigor del PTI que en 2003 aprobaron los partidos de izquierda, los derechos edificatorios asignados a los terrenos adquiridos por Cesgarden en aquella urbanización de Alaior. La decisión política acabó con una reparación económica a la compañía mallorquina que, con los intereses, ascendió a treinta    millones de euros. La deuda se liquidó con una operación de refinanciación y, por este concepto, el Consell recibe un millón anual de euros del Govern, hasta 2027, a modo de compensación negociada y aprobada, no sin renuncias desde Menorca, en 2019.

Hoy, un segundo Cesgarden amenaza, como si de una espada de Damocles se tratara, la tesorería del Consell. Ha escrito el periodista Pep Mir, redactor jefe de «Es Diari»: «La hotelera mallorquina Cesgarden SL es para los menorquines algo más que una simple empresa. Es un sinónimo de millonaria indemnización, de sentencia adversa, de decisiones urbanísticas con efectos colaterales, de quebranto para las cuentas públicas. Hasta el punto que solo en Menorca se puede decir, por ejemplo, una frase como ‘esta ley provocará un nuevo Cesgarden’, y que se entienda perfectamente».

Y en esas estamos: en evitar un segundo Cesgarden que. vía impuestos, acabemos pagando todos los menorquines. Nos referimos al parque acuático Splash construido en Biniancolla frente al hotel Sur Menorca.

«Eso no pasará»       

En el pleno celebrado en febrero por la institución insular, la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, afirmó que el gobierno del PP en el Consell no tiene ninguna intención de indemnizar con 30,6 millones a Protume, SA, la empresa promotora del parque de Biniancolla.

El Consell acordó por unanimidad desestimar la reclamación de esta millonaria cantidad, lo que deja vía libre a la empresa del Splash para llevar el caso a los tribunales. Algo que, según aseveró la consellera Torrent, no se traducirá en el pago de una indemnización con dinero público: «La izquierda quiere que el parque acuático sea el Cesgarden del PP, pero eso no pasará», zanjó entonces la responsable de Urbanismo y Turismo en el equipo de gobierno de Adolfo Vilafranca.

 Pero las cosas se han complicado esta semana para la propiedad del parque acuático cuando el Ayuntamiento de Sant Lluís les ha remitido una notificación donde les ordena cerrar las puertas en el plazo de 48 horas. Y, además, advierte que si incumple este plazo, puede forzar la clausura con el precinto de la entrada a las instalaciones.

Ayuntamiento y Consell siguen vías diferentes. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico –que depende de la institución con sede en la plaza de la Biosfera de Maó–, opta por esperar a que se resuelva el recurso de apelación presentado por la empresa ante el Tribunal Supremo. Por ello, está paralizado el expediente de demolición.

A través del PTI

La alcaldesa Loles Tronch alude a un cambio en el planeamiento urbanístico como fórmula para evitar la demolición del parque acuático y el pago de indemnizaciones. Es la opción que propone la promotora y propietaria a través del PTI, actualmente inmerso en un proceso de revisión.

Fino trabajo de orfebrería jurídica que exige voluntad política y capacidad técnica para desarrollar el artículo 54 del Plan Territorial, que regula las zonas turísticas maduras o saturadas –en la actualidad no hay ninguna con esta calificación en Menorca–, mediante la redacción de un plan especial. Daría continuidad a la urbanización de Biniancolla con la incorporación, y definitiva legalización, del parque acuático.

Ya se puso sobre la mesa durante el anterior gobierno con Susana Mora en la presidencia. Pero el PSOE no impulsó esta iniciativa, que esquivaría la millonaria indemnización ante las reticencias de Més y Podemos. Ahora se abre otra oportunidad.

Críticas del PSOE

Al mismo tiempo que el PSOE-Menorca critica el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern Prohens, el gobierno municipal de Maó, que encabeza el alcalde Héctor Pons (PSOE) plantea que entidades colaboradoras de urbanismo intervengan para agilizar las licencias urbanísticas. Es una de las medidas de este decreto. ¿Cuántas veces las críticas y descalificaciones globales acaban siendo matizadas?