MIENTRAS UNOS COCINABAN otros se cocían hasta quemarse y al final saltó el silbato de la olla a presión en que se ha convertido Autoridad Portuaria de Balears. La olla está cerrada y habrá que ver lo que hay dentro cuando se levante el secreto de sumario, sin embargo hay secretos a voces sobre lo que ha ocurrido con los amarres en el Moll de Llevant de Maó, los que debieron seguir siendo para el Club Marítimo y acabaron en manos de Trapsa Yates. Ésta es una de las empresas de Gerardo Díaz Ferrán, constructor de un conglomerado que se hizo con la mayoría de las adjudicaciones de concesiones portuarias durante la etapa de Joan Verger, algunas ratificadas por Francesc Triay, siempre con la bendición técnica de quien parece presentarse como el 'controlador marítimo' de las operaciones, el director de APB, Ángel Matías. Los cuatro citados forman parte del cartel de la obra "Mar Blau", en el que les acompañan otros cinco actores imputados con papeles protagonistas. Vamos a ver quién es quién en la representación.
JOAN VERGER POCOVÍ, 66 años, ingeniero industrial, de Montuïri, fue presidente del Consell de Mallorca entre 1987 y 1995 y presidente de Autoridad Portuaria, lo que nos interesa, entre el 2000 y 2007. Durante esos años se concedieron explotaciones a Trapsa Yates, Port de Mallorca, STP, Varadero Palma, Varadero Ibiza, Faro de Formentor, todas ellas a empresas que forman parte del mismo grupo. Ibiza Nueva era una pieza de lujo y se concedió ya en la etapa de Francesc Triay a Serveis Marítims Port Eivissa (Semar), de la que forma parte Trapsa Yates.
El 31 de enero de 2005, el entonces presidente del Club Marítimo de Mahón, LUIS BARCA, acompañado del gerente, NACHO MARRA, acuden a una cita en Palma con Verger y su director ÁNGEL MATÍAS MATEOS. El juez dispone de una copia de las cintas que posiblemente grabó Barca. En ellas se escucha que los representantes de la empresa pública informan que Trapsa ha ganado el concurso, una forma curiosa de anunciar el fallo, y apuntan que esta empresa parece dispuesta a renunciar a cambio de algunas compensaciones. Y piden discreción y varias 'cositas' más, como la retirada de todos los contenciosos que el club tenía por las tasas de APB. El tono y las expresiones son evidencias de un amaño que favorecía a Trapsa y que se vendía como la forma de que el Club recuperara los amarres del Moll de Llevant, que posiblemente habría mantenido con juego limpio. Verger dice ahora que actuó de buena fe en respuesta a las presiones de los políticos menorquines para que Maó no perdiera sus amarres. Tan buena disposición sería creíble si no hubiera otros datos que indican lo contrario, como la asociación empresarial del político del PP con Juan Antonio Riutort Servera, un de los hombres de confianza de Díaz Ferrán en Balears.
La persona con la que debían cerrar el acuerdo era Juan Carlos RODRÍGUEZ TOUBES, entonces presidente de Trapsa Yates. Se le considera un amigo íntimo de Verger, una persona de influencia en Madrid, que fue capitán del equipo Desafío España Copa América hasta 1991 y también instructor náutico del Príncipe Felipe. Así se cerró un acuerdo en falso, un contrato pantalla con la empresa Teinver, una sociedad que ocupa la vicepresidencia de Trapsa Yates. Esta empresa cuenta como socios inseparables a Gerardo DÍAZ FERRÁN y a GONZALO PASCUAL, cuyos bienes han sido embargados en los últimos meses por la crisis del Grupo Marsans. Entre los socios también figura otro protagonista destacado, José Manuel DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, que merece capítulo aparte.
Los fiscales anticorrupción parecen contar con otros elementos interesantes. Además de las cintas de la conversación entre Verger y Barca, existe la demanda penal presentada por un socio del club, Ramón Orfila Sintes, que parece actuar en nombre de otros. De hecho, su acción para acusar a Verger y a Matías es avalada por el Club, que corre con los gastos de la denuncia, que ha servido a la Fiscalía para emprender la operación Mar Blau.
El ambiente interno en Autoridad Portuaria no debe ser el de un balneario junto al mar. Algunos técnicos de prestigio, sin el protagonismo de Ángel Matías, no deben sentirse muy cómodos. Uno de ellos puede ser Fernando BERENGUER REULA, jefe de explotación de APB, y uno de los tres ingenieros que formaban parte de la comisión técnica que valoró las ofertas para la gestión de los amarres de Maó. Él y CARLOS SÁNCHEZ ya han declarado ante el juez, aunque no ha trascendido el contenido de su testimonio que, quizás, pueda ser uno de los motivos de la imputación de Triay.
José Manuel Domínguez dirigía Trapsa Yates desde Madrid y se presentaba a menudo como "el sobrino de Gonzalo Pascual". Él, Rodríguez Toubes, los Riutort, concesionarios de locales portuarios y relacionados con Verger, y Patrick Reynés, gerente de Port de Mallorca, solían viajar juntos a las principales ferias náuticas. Sin embargo Domínguez salió del grupo de empresas y más tarde intentó vender por 50.000 euros un documento comprometedor para sus antiguos socios, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. El intento de venta se realizó hace unos meses en el hotel Meliá Castilla de Madrid. Ahora forma parte de la documentación que tiene la Fiscalía. Al parecer, se trata de un contrato de cesión de amarres del Moll de Llevant de Maó, a la empresa Autotrade de Madrid por 600.000 euros, durante todo el periodo de concesión. Esta empresa, localizada cerca del Bernabeu, se dedica a los coches de lujo. El empresario JOSÉ ANTONIO RUEDA, es socio del CMM. El yate "Allegria" ocupa uno de los amarres de un contrato que puede ser fraudulento porque las cláusulas de la adjudicación a Trapsa estipulan en el artículo 31.4 que "queda prohibido realizar acuerdos de utilización de puestos de amarre por periodos superiores a 4 años". Se añade que hacerlo puede causa de extinción de la concesión. Si se comprueba que ha sido así, sería una causa firme para anular la adjudicación de los amarres a Trapsa. Entonces el Club Marítimo recuperaría la gestión y las aguas del puerto de Maó, después del "cap de fibló", volverían a su cauce natural.
El lunes se reunirá el Consejo de Navegación del puerto de Maó, con los imputados Triay y Matías al frente. Entonces se cumplirán poco más de dos años de otra reunión idéntica. Todavía resuenan las palabras que el Club Marítimo pronunció allí: Perdemos los amarres "por un proceso disfrazado de legalidad que en realidad no ha sido sino una maniobra plagada de irregularidades, negligencias y engaños protagonizada por los dirigentes y técnicos de Autoridad Portuaria". Fue un aviso para navegantes que ahora parecen llegar a puerto.
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