Guardia Civil hoy

Tiempo también de reflexión, cuando confluyen preocupantes motivos para hacerlo, dado que en las últimas semanas se han precipitado en escalada, tres acontecimientos muy relacionados:

-La manifestación, rayana en la algarada, convocada con apoyos sindicales, por dos asociaciones de la Guardia Civil el 18 septiembre frente a su Dirección General.

-La batalla campal y saqueos que se produjeron en Barcelona el día 29.

-El levantamiento,cercano al golpe de estado, desencadenado por fuerzas policiales en Ecuador un día después.

Tiempo para analizar con ponderación los 22 folios de la sentencia 847 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 16 de septiembre, que autorizaba la manifestación. Tengo dudas de que los ponentes firmasen hoy la misma sentencia, a la vista de lo acaecido.

Los peldaños de la escalada están casualmente bien definidos con estos tres casos: se socava en Madrid la autoridad y el principio básico de una Institución que es la disciplina; luego se desbordan trágicamente acontecimientos en Barcelona, perdido el control por falta de cohesión entre autoridades políticas y efectivos policiales; por último se acaba reteniendo en Quito al Presidente del Ejecutivo. ¿Se acuerdan de lo que gritaban los que «ejercían su derecho constitucional de reunión» el 18 de septiembre en Guzmán el Bueno? Nos guste o no nos guste, Zapatero es el Presidente de nuestro Gobierno y recuerdo lo que dice el artículo 22.2 de nuestra Constitución: «las asociaciones que utilicen medios tipificados como delito, son ilegales». No crean que hay tanta distancia por tanto, entre Madrid y Quito.

Centrémonos en el fondo del problema. Primero: por supuesto todos queremos las mejores condiciones de vida para los Guardias Civiles y sus familias. Segundo: las sociedades modernas necesitan seguridad y delegan en las «gentes de armas» la capacidad de garantizarla, con una condición elemental: «no puedes usar las armas que te doy, para resolver tus reivindicaciones y problemas». De ahí que nuestra legislación, comenzando por la Constitución, constriña, cercene, las ambiciones sindicales de algunos de sus miembros, cuando la misma concede «a los sindicatos de trabajadores» tres características específicas: el derecho a la huelga, la negociación colectiva y la mediación en los conflictos.

Estas «acciones sindicales» no caben en la legislación de las «gentes de armas» por mucho que se quiera interpretar el artículo 28.1 de nuestra Carta Magna cuando define que «la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho de sindicación, a las Fuerzas o Instituciones Armadas». Las posibles dudas del «podrá», las aclaran perfectamente tanto la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical, como la del mismo rango 11/2007 de Derechos y Deberes de la Guardia Civil que proscriben específicamente el ejercicio del derecho de sindicación. No obstante la semejanza de determinados fines que presentan sindicatos y asociaciones lleva a la confusión, porque también se identifican los medios de presión que se emplean y que la ley diferencia.

Lo malo es que la manifestación de Madrid se produjo, cuando las organizaciones sindicales no pasan por su mejor momento, con serias dudas en la opinión pública sobre su rendimiento y coste y cuando la crisis económica ha obligado al Gobierno a diseñar un plan de ajuste económico que afecta a todas las instituciones, incluida la Guardia Civil. Sus miembros lo notarán en dos frentes: la reducción de plantillas aumentará sus servicios, y los recortes afectarán a sus obras de infraestructura y a sus equipos. Así de claro. Pero si se les explica lo aceptarán. Jamás con mentiras y con agravios comparativos. Eligieron libremente un Cuerpo de prestigio, cuando tenían muchas otras opciones. Este espíritu de cuerpo se mantiene, no tengo la menor duda.

Que la línea roja sobrepasada el 18 de Septiembre sirva de experiencia. Otra ley de derechos y deberes para las Fuerzas Armadas se debate actualmente en el Congreso. Si nuestra clase política es capaz de consensuarla – no lo fue al aprobar la de la Guardia Civil en 2007 que permitió registrar a antiguas asociaciones parasindicales– se pueden reconducir las actuales situaciones en beneficio de todos.

A título personal yo introduciría una modificación en sus propios enunciados: las llamaría leyes de «deberes y derechos», no de «derechos y deberes», priorizando ya en su enunciado el sentido del bien común por encima del bien particular. Ya se que no corren buenos tiempos para pensar en el bien común. Pero no duden que en la Guardia Civil tienen como divisa, junto al honor y la disciplina, el servicio a la sociedad, esta que la respeta y quiere, y no sólo el día de su Patrona.

(Artículo publicado en "La Razón" el 7 de octubre de 2010)