La bailarina que estafó 50.000 euros al Consell ofrece este miércoles reparar su delito

La bailarina, V.J.S., responsable única de la Asociación Cultural Baladí-Estudio de Danza, terapias alternativas y danzas del mundo, una organización especializada en danza oriental en Menorca, ha admitido, a través de sus abogados, los hechos destapados por la directiva del IEB a principios del pasado año, y su calificación como delitos de estafa continuada y falsedad documental. En su declaración en el Juzgado 1 de Palma ya había reconocido en julio del año pasado que había presentado facturas falsas para justificar los más de 80.000 euros recibidos en subvenciones del IEB y del Consell de Menorca con los que debía organizar un festival de danza del vientre en esta Isla. Esas justificaciones no eran reales.

Sin embargo, el gobierno actual del Consell recordó ayer, como señaló el actual conseller de Cultura, Joan Pons Torres, que tras revisar las ayudas concedidas a la asociación que capitanea esta bailarina había constatado que las subvenciones    otorgadas por la Conselleria de Cultura, entonces comandada por Miquel Àngel Maria, ascendían    a 95.995 euros entre 2016 y 2020. Se trata, prácticamente,    del doble de la suma que ha incorporado el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.

Dado que cuando se conoció la denuncia por estafa el anterior ejecutivo no se personó en el plazo establecido como acusación particular, como sí hizo la Comunidad Autónoma, el Consell solo ha tenido la opción de hacerlo adhiriéndose a las peticiones del Ministerio Fiscal, sin posibilidad de plantear una reclamación mayor puesto que la fase de instrucción ya había concluido y el caso se había derivado a la Audiencia. De haberlo hecho en su momento, cuando el Juzgado de Palma le ofreció sumarse, podría haber incorporado nuevas pruebas e incrementar la suma recogida por el Fiscal en un escrito de acusación propio.

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Més per Menorca, que tutelaba entonces la Conselleria de Cultura, aseguró en su momento que sí había emprendido acciones legales contra la bailarina cuando se conoció el caso. Esgrimió que había pedido a los técnicos de Tesorería y Cultura del Consell    que documentara las subvenciones para trasladarlas a los juzgados, aunque el gobierno actual no tiene constancia de que lo hicieran y tampoco se personaron como acusación particular pese al ofrecimiento del juzgado que instruía la causa.

Confesión y reparación de daño

En el escrito de defensa, los letrados de la bailarina esgrimen la circunstancia atenuante de confesión tardía y la reparación de daño al Govern. La mujer ya ha consignado en el Juzgado la cantidad que le reclama el IEB y hoy, en la vista previa de la Audiencia, ofrecerá al abogado del Consell hacer lo mismo con la suma que estafó a la institución insular.

Faltará por concretar los plazos en los que la mujer pueda comprometerse a devolver esos 49.760 euros que constan en siete expedientes administrativos del ente insular simulando costes de actividades por valor de 328.880 euros. Estas actividades o no se realizaron o eran, en gran parte, coincidentes con las del IEB. De esta forma la profesional de la danza llegaba a recibir las subvenciones por duplicado tratándose del mismo concepto.

Salvo contratiempo, el abogado del Consell aceptará el pago fraccionado de esta suma que, en todo caso, deberá satisfacer antes de la fecha en la que se señale el juicio, una vista oral que se limitará a la lectura de la sentencia acordada por todas las partes.

El fiscal, y por tanto también el Consell, le piden, además, tres años y siete meses de prisión, mientras que la abogada de la Comunidad Autónoma eleva la pena de prisión a cinco años y dos meses, de los que dos años y nueve meses son por el de falsedad documental, y dos años y cinco meses, por estafa.