La casa fue ocupada de forma ilegal en el mes de enero. | Gemma Andreu

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La pareja que había sido denunciada por ocupar ilegalmente una vivienda unifamiliar en la calle de Es Castell, de Son Vilar, ha sido condenada a pagar una multa de 450 euros y a tener que abandonar la casa en un plazo de cinco días a contar desde ayer, después de haber residido en ella unos dos meses.

La titular del Juzgado 2 de Maó, Belén Velázquez, ha dado la razón al demandante, que era el responsable de mantenimiento de la finca puesto que la propietaria reside entre Gran Bretaña yMenorca. Este presentó la denuncia el 6 de febrero después de haber tenido conocimiento de la ocupación ilegal a finales de enero y haber hablado con la mujer para indicarle que debía salir del inmueble, sin conseguirlo, tampoco a través de la mediación de la Guardia Civil, como explicó su abogado, Fernando Caballero.

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En el juicio celebrado hace una semana, la pareja que ocupó la casa se acogió a su derecho a no declarar, mientras que la única defensa a cargo de su abogado fue pedir la nulidad de la vista al no haber sido la dueña de la casa la que había presentado la denuncia.

La sentencia concluye que queda acreditado el delito leve de usurpación de la casa con titularidad reconocida como segunda residencia. Los acusados no pudieron presentar ningún documento que acreditara que habían alquilado el inmueble a una persona de la que tampoco aportaron ningún dato. No se supo cómo habían conseguido entrar sin causar daños.

Su defensa alegó falta de recursos económicos de la pareja para acceder a una vivienda lo que no anula la comisión del delito en caso de estar acreditado.

El apunte

La defensa recurrirá pero el desalojo debe ejecutarse

El abogado de oficio que defiende a los dos okupas ha anunciado que recurrirá    la sentencia condenatoria con argumentos similares a los que expuso en el juicio.Sin embargo el fallo incluye que la condena de desalojo en el plazo de 5 días goza de la consideración de medida cautelar por lo que debe ejecutarse, independientemente del recurso y de que la sentencia no sea firme hasta que no se resuelva la apelación. Alude a los gastos de agua y luz y posibles desperfectos que debe ría seguir abonando la propietaria pese a que la familia que ocupó la casa sea la que los haya realizado, entre otros.